martes, 1 de mayo de 2012

Tomado en la Patilla

EL DESTAPE DE LA OLLA
Hay una comprometedora carta de 2007 en la que el entonces ministro de Defensa, el general RAÚL BADUEL, informaba a Chávez de que existían «suficientes elementos que vinculan» al general Henry Rangel, hoy titular de Defensa, con un caso de narcotráfico: un cargamento de 2,2 toneladas de cocaína, procedente de las FARC, se había guardado en un cuartel del Ejército de una zona fronteriza con Colombia y estaba siendo transportado por un convoy militar cuando fue interceptado. La carta, a la que ha tenido acceso este periódico, señalaba que Rangel era primo de uno de los imputados, y añadía: «Muy respetuosamente sugiero se abra una profunda investigación y auditoría de sus bienes (...), y el cese de sus actividades laborales, hasta que se pueda descartar su participación en los hechos antes mencionados».

Chávez no solo no promovió una investigación, sino que, de acuerdo con Aponte, le habría insistido para tapar cuanto se pudiera el asunto. Una injerencia en asuntos judiciales desde la Presidencia de la República que el juez asegura es frecuente en el régimen. Baduel pagó su osadía con la obligación de retirarse del Ejército al cabo de unos pocos meses, y en 2010 fue sentenciado a ocho años de prisión por corrupción. Rangel fue promocionado, como también lo acabaría siendo el teniente coronel Pedro Maggino, principal encausado en el mencionado proceso judicial, que Aponte manipuló. El expediente de ese juicio permite concluir que el caso «no era un incidente aislado y que la planificación apuntaba a una red de narcotráfico bien establecida de oficiales militares», según el dictamen de juristas que lo han examinado.

Aponte es la primera persona que involucra directamente a Chávez en ese negocio, según el testimonio que avanzó una vez ya fuera de Venezuela a las fuentes consultadas por ABC. El magistrado aseguró que varias veces había estado presente cuando el director de Inteligencia Militar presentaba su informe semanal al presidente sobre las operaciones de tráfico de droga. No está claro que esa acusación la pueda sustentar con pruebas escritas. En cualquier caso, asegura tenerlas (por ejemplo, pagos a cuentas bancarias) contra Diosdado Cabello, el presidente de la Asamblea Nacional, que es el jefe del partido y uno de los posibles sucesores de Chávez al frente del movimiento. «Cabello es el capo de los capos, porque es el que controla toda la infraestructura del lavado del dinero», declaró Aponte, de acuerdo con las fuentes citadas.

En declaraciones que entonces también hizo a la cadena SoiTV de Miami, calificó al general Clíver Alcalá, que comanda la División Acorazada, como «el zar de la droga», quien se ocupa de la operatividad de los envíos, en colaboración nada menos que con la Oficina Nacional Antidroga, el coronel Néstor Reverol.

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